Veinticinco
años después de su primera manifestación pública en condiciones de
semiclandestinidad y bajo la represión policial -Barcelona, 1977-,
los gays y lesbianas españoles tienen todavía motivos para salir a
la calle y reivindicar públicamente la plena igualdad de derechos
civiles y sociales y el acceso a los beneficios del Estado de bienestar.
Ayer lo hicieron en muchas ciudades españolas como lo han hecho interrumpidamente
desde hace 25 años con motivo de la celebración del Día del Orgullo
Gay. En estos años los homosexuales españoles han salido del armario
y se han hecho visibles en el escenario social, bien es cierto que
con harta dificultad y arrostrando no pocos riesgos en algunos ámbitos.
Pero su condición sexual todavía sigue siendo un pretexto para perpetuar
su discriminación en las leyes.
Este año, como el anterior, los colectivos de gays y lesbianas han
sacado a la calle la reivindicación que resume actualmente su lucha
por la plena equiparación legal y social con el resto de los ciudadanos:
el derecho al matrimonio. En varios países europeos esa reivindicación
es un hecho desde hace algunos años, resolviendo los problemas de
discriminación que sufren los homosexuales en múltiples campos: derecho
sucesorio, fiscal, laboral, de adopción, etcétera. Pero en España
queda muy lejos de los actuales presupuestos ideológicos y políticos
del actual partido gobernante. El Partido Popular mantiene congelada
la ley estatal de parejas de hecho, no sólo homosexuales sino heretosexuales,
a pesar de que varias comunidades autónomas, alguna de ellas regida
por el PP, han regulado este tipo de uniones afectivas en sus respectivos
ámbitos. El Gobierno del PP permanece impertérrito ante la inseguridad
jurídica que provoca esta indeseable dispersión legislativa, generadora
además de enojosos agravios comparativos entre ciudadanos españoles.
Prejuicios ideológicos o religiosos interfieren de nuevo, como en
el caso de la investigación con células madre, en acciones de gobierno
de evidente interés general.
El
Partido Socialista ha dado un paso que va más allá de su conocida
posición a favor de una regulación avanzada de las parejas de hecho.
Su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido
a defender en el Parlamento el matrimonio civil entre homosexuales.
Se trata de una iniciativa perfectamente legítima y en absoluto contraria
a la Constitución, cuyo artículo 32 se limita a establecer que 'el
hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica'. El PP se ampara en algunas sentencias del Tribunal Constitucional
y del Supremo, según las cuales el matrimonio y las parejas de hecho
son realidades diferentes que pueden tener efectos equivalentes, para
rechazar el matrimonio entre homosexules. Pero, mientras tanto, también
rechaza o pospone sine die la alternativa de dar amparo legal a las
decenas de miles de uniones afectivas de hecho, hetero y homosexuales,
existentes en la sociedad.
El matrimonio entre homosexuales o la regulación de sus uniones afectivas
de hecho facilitaría el reconocimiento del derecho de adopción, otra
de sus reivindicaciones más importantes. Se trata, sin duda, de una
cuestión socialmente controvertida, en la que están en juego los derechos
del menor y el posible efecto negativo que pueda tener en el desarrollo
de su personalidad la ausencia de una clara referencia paterna o materna.
No existen indicios de que crecer o educarse en hogares formados por
dos hombres o por dos mujeres constituya un factor negativo en el
desarrollo del niño. Pero aunque sólo se tratara de prejuicios o miedos
sociales habría que superarlos o mitigarlos antes de tomar una iniciativa
legal sobre la cuestión. En todo caso, el camino a seguir lo marcan
las autonomías de Navarra y Asturias al reconocer en sus respectivos
ámbitos a las parejas de hecho el derecho de adopción y el acogimiento
de niños, respectivamente.
Col.lectiu
Lambda de lesbianes, gais i transsexuals.
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